Código Ético
Este documento recoge un código de prácticas y
acciones concretas que las personas que ocupen cargos electos y de libre
designación deberán cumplir para asegurar una gestión política comprometida y
cercana a la ciudadanía, con mecanismos eficaces de transparencia en la
financiación y rendición de cuentas, democráticos y populares, y con espacios
reales de participación y decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos.
También se plantean diversos
compromisos y medidas que tienen como objetivo garantizar que todos puedan
dedicar el tiempo necesario a la gestión política y a las funciones públicas y,
al mismo tiempo, acabar con los privilegios de los que, durante muchos
años, ha disfrutado buena parte de la clase política, y que han provocado un
grave alejamiento de los intereses de la ciudadanía.
Este compromiso de ética
política parte de la confianza y el compromiso que estas candidaturas mantienen
con las personas que ocuparán un cargo de responsabilidad pública, además de
significar un mecanismo de apoyo, supervisión y control a su tarea.
Las personas que ocupen cargos
públicos bajo el mandato de este código de ética política, se comprometen
también a impulsar los instrumentos y mecanismos legales necesarios para que estos principios éticos
se conviertan en norma obligatoria para todos en la administración.
Este
código ético quiere ser flexible, dinámico y conciso. Las candidaturas
trabajarán en un reglamento que concrete y haga operativos los principios del
código ético.
Los principios recogidos en
este código ético comprometen a todas las personas de estas candidaturas que
ocupen cargos electos, de libre designación y gerenciales.
Todas
estas personas se comprometen a:
Defender la aplicación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e
institucional de nuestra sociedad.
1. Democratización de la representación
política, fiscalización y rendición de cuentas
1.1. Defender lo establecido en el
programa político de las candidaturas y actuar como representantes, obligados a
seguir las decisiones tomadas en los mecanismos democráticos y abiertos a toda
la población que se fijen, promoviendo la corresponsabilidad política de todos
y todas.
1.2. Hacer públicas las agendas de
los representantes, para hacer visible con quién se reúnen y los temas que se
tratan. Y prohibición expresa de reunirse a solas con empresarios y
representantes de otros partidos políticos.
1.3. Facilitar todos los ingresos,
bienes y rendimientos patrimoniales de los representantes, así como todos
aquellos datos necesarios para la detección de posibles conflictos de intereses
y la elaboración de auditorías ciudadanas. Este compromiso se extenderá a los 3
años siguientes a su salida de la función pública.
1.4. Hacer públicos los criterios de
contratación de los cargos de libre designación.
1.5. Rendir cuentas de sus
actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos presenciales y virtuales,
asamblearios, democráticos y abiertos a todos los ámbitos de la sociedad.
1.6. Aceptar la censura (y revocación,
en su caso) de electos/as y cargos de libre designación por mala gestión o por
incumplimiento flagrante y no justificado del programa. Para que esto sea
posible, se establecerán mecanismos de garantía y evaluación de la gestión de
las personas con cargos públicos de las candidaturas, y la ciudadanía tendrá el
derecho y el deber de participar activamente en el control y seguimiento de la
labor de los cargos públicos para garantizar una correcta y honesta aplicación
de este principio.
1.7. No acceder durante un periodo,
mínimo de 5 años, a cargos de responsabilidad en empresas creadas, reguladas,
supervisadas, o que hayan sido beneficiarias de un contrato estatal, dentro del
ámbito y/o sector donde ha desarrollado su función representativa. En ningún
caso se ocuparán cargos en los consejos de administración de éstas.
1.8. Mantener un contacto habitual
con colectivos en situación de vulnerabilidad, garantizar el espacio necesario
en sus agendas para atenderlos y dar respuestas a sus propuestas, y tener
presentes a la hora de tomar decisiones los informes de las personas de la
administración que trabajan con estos colectivos.
1.9. Garantizar la participación de
la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes y en el posicionamiento
político de las candidaturas sobre temas estratégicos y proyectos de impacto social,
ambiental o urbanístico, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y
solidaridad. Todas las personas que ocupen cargos electos y de designación se
comprometen a impulsar y apoyar todas las iniciativas ciudadanas propuestas a
través del marco legal vigente o en el marco de las candidaturas.
2. Financiación, transparencia y gestión de
los gastos
Las
candidaturas se comprometen a:
2.1. Ser transparentes en su
gestión, publicando desagregados (desglosados) todos los datos referentes a los
ingresos y gastos, que gestionarán en vez de entidades de economía social y
solidaria.
2.2. Poner un tope máximo a las
donaciones privadas.
2.3. La candidatura tendrá un
compromiso explícito de trabajar con las instituciones de la banca ética para
garantizar su independencia y la coherencia con su programa.
2.4. Apostar claramente por una
limitación drástica del gasto en campaña electoral.
2.5. No utilizar fundaciones o
entidades jurídicas para financiarse con recursos y mecanismos poco
transparentes, y con objetivos diferentes a los de la candidatura.
2.6. La introducción de sanciones
administrativas y penales efectivas en caso de financiación irregular.
2.7. Se hará un uso de la
financiación coherente con este código ético y sus valores, realizando
aportaciones puntuales y finalistas encaminadas a fortalecer el tejido
asociativo (sin generar dependencias o clientelismos).
3. Profesionalización de la política,
supresión de privilegios y medidas contra la corrupción
Las
personas con cargos electos, gerenciales y de libre designación se comprometen
a:
3.1. Renunciar a los regalos y
privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que puedan significar
un trato de favor.
3.2. No duplicar cargos en las
instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición.
3.3. No duplicar sueldos ni cobrar
remuneraciones extras para asistir a reuniones.
3.4. Establecer un sueldo máximo de 3 veces el salario mínimo
interprofesional… como salario neto mensual, incluyendo dietas, entendiendo que
esta retribución garantiza unas condiciones dignas para ejercer las
responsabilidades y funciones que suponen el cargo asumido. El sueldo será
variable también en función de las responsabilidades.
3.5. Limitar su mandato a dos
legislaturas consecutivas, (excepcionalmente prorrogable a un mandato más
siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana).
3.6. Compromiso de renuncia o cese
de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de
delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico
de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados,
cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés
propio o para favorecer a terceras personas. Así como también en casos de
acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género,
homofobia u otros delitos contra los DD. HH. o los derechos de las personas
trabajadoras.
3.7. Hacer un buen traspaso de información
y de conocimiento (sin remuneración), siguiendo un protocolo acordado en el
marco de la candidatura.
Las
candidaturas se comprometen a:
3.8. Facilitar la conciliación entre
la vida laboral y la política, estableciendo mecanismos de apoyo a los cargos
públicos durante su reincorporación al mundo laboral en caso de no encontrar
trabajo.
3.9. Desarrollar mecanismos para la
conciliación entre la vida familiar y política.
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